El documento reúne dos casos separados ante el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido (División del Banco del Rey), uno comercial y otro administrativo, ambos vinculados por posibles irregularidades jurídicas.
El tribunal ha identificado posibles irregularidades en la presentación de pruebas en dos casos legales, incluyendo referencias a leyes o fallos inexistentes. Se ha citado a los responsables legales a una audiencia el 23 de mayo de 2025 para considerar acciones por desacato al tribunal.
Casos involucrados:
CL-2024-000435:
Parte demandante: Hamad Alharoun
Demandados: Qatar National Bank Q.P.S.C. y QNB Capital LLC
Asunto comercial en el que se cuestiona la veracidad de ciertas pruebas presentadas por los representantes legales del demandante.
AC-2024-LON-003062:
Parte demandante: Frederick Ayinde (en nombre del Rey)
Demandado: Municipio de Haringey, Londres
Caso administrativo donde se identifican problemas similares con documentos jurídicos presentados.
Se realizó la citación por parte del tribunal para realizar una audiencia para el 23 de mayo de 2025 con el fin de determinar si deben tomarse medidas adicionales, incluida la posibilidad de iniciar procedimientos por desacato al tribunal contra:
Firmas de abogados, abogados y otras personas involucradas en la preparación de pruebas jurídicas que citan jurisprudencia inexistente o malinterpretada.
Las partes que están involucradas en este escándalo son el Abogado, Abid Hussain y Sarah Forey, Haringey Law Centre, y Sunnelah Hussain.
En este caso, todas las personas e instituciones señaladas pueden presentar pruebas o argumentos por escrito antes del 21 de mayo de 2025.
El tribunal notificará también al órgano regulador de abogados (SRA) y al Consejo de Normas del Colegio de Abogados (BSB) para que realicen la investigación correspondiente por una posible interferencia con la administración de justicia.
Las razones que dieron origen a esta situación fue la presentación de documentos jurídicos (declaraciones de testigos, escritos) con referencias legales falsas o tergiversadas.
Esto podría constituir una interferencia con la administración de justicia, lo que obliga al tribunal a considerar la posibilidad de desacato conforme a las reglas procesales (CPR 81.6).
